· Medida busca mejorar la calidad del servicio -en zonas urbanas y rurales- reforzando las capacidades de las empresas a cargo (EPS).
¡Por un sistema moderno y más efectivo! El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), aprobó y publicó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento. Este documento permite la viabilidad de acciones para fortalecer y reformar, de manera estructural e integral, todo el sistema de agua potable y saneamiento a nivel nacional.
“Nuestro propósito es garantizar el derecho a acceder a un servicio de calidad y con tarifas justas. Es por ello que esta ley formentará mejoras en las empresas encargadas de la distribución de servicios, tanto de agua potable y saneamiento a nivel nacional”, señaló el ministro de Vivienda, Durich Whittembury.
Dicho reglamento fue elaborado de manera articulada, bajo consenso y con la participación activa de actores vinculados al servicio de saneamiento, como las empresas prestadoras de servicio (EPS), el comité de la Asociación Nacional de Entidades Prestadores de Saneamiento del Perú (ANEPSSA), el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el ente regulador (SUNASS), la cooperación internacional, la academia, la sociedad civil, entre otros.
De esta manera, las empresas prestadoras de servicios (EPS) -que contarán con apoyo técnico y/o ingresarán al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de OTASS- serán fortalecidas con medidas que hagan del acceso al servicio a agua potable y saneamiento, uno más justo y equitativo. Entre ellas, destacan la mejora de la estructura tarifaria, así como la integración de prestadores de servicios para ganar eficiencia.
En cuanto a la estructura de las EPS, se impulsará su modernización, fortaleciendo su organización, funciones y gobernanza. Todo ello para incentivar una mayor transparencia y eficiencia a través de un buen gobierno corporativo. De igual manera, se priorizará la meritocracia, política y escala remunerativa a la interna, a aprobarse luego de 25 años.
Además, las empresas prestadoras deberán incluir la reinversión obligatoria de dividendos para el cierre de brechas, un mayor financiamiento de inversiones, así como la aplicación de la Hoja de ruta de economía circular y la Hoja de ruta de confiabilidad de la prestación de los servicios.
Mejoras en el abastecimiento y costos
Como parte de las medidas dispuestas, habrá una mejora en la política regulatoria, entre ellas la aplicación de esquemas de regulación diferenciados para las EPS. Con el apoyo de un equipo técnico especializado, se impulsará el reajuste de la metodología del cálculo de la tasa de descuento, que permitirá el rebalanceo tarifario. Con ello, se busca equidad -de manera progresiva- en los costos del servicio que reciben los usuarios.
Respecto al abastecimiento en zonas rurales, se potenciará la asociatividad de organizaciones comunales, facilitando las intervenciones multipropósito que conlleven a mejoras en la cuota familiar y en la calidad del servicio. De esta forma, organizaciones como las juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS) verán el fortalecimiento de sus capacidades y la certificación de sus competencias.
Oficina General de Comunicaciones
